Embargaron a la excandidata libertaria Noralí Sosa por más de $9 millones

En el marco de una investigación por presuntas estafas vinculadas a la comercialización de piscinas, la Justicia avanzó con medidas tanto en el fuero penal como en el civil contra la excandidata libertaria a intendente de La Banda, Noralí Sosa.

La pesquisa penal se encuentra a cargo de la fiscal Eugenia Callegaris, quien habría formalizado la imputación a partir de denuncias presentadas por los abogados Luis Barraza y Carla Sequeira, en representación de distintos damnificados. Aunque trascendió que la acusación ya fue formalizada, hasta el momento no se informó oficialmente si se fijó fecha para la declaración de la imputada. Uno de los hechos denunciados involucra a Jonathan Luis Gabriel Medina, patrocinado por Barraza. Según consta en la presentación, el hombre habría endosado y transferido un cheque electrónico por $2.134.833 a favor de un proveedor indicado por Sosa, identificado como Carlos Javier Méndez. Posteriormente, la operación habría sido rescindida con aceptación de la acusada, pero —siempre de acuerdo a la denuncia— las devoluciones prometidas nunca se concretaron, acumulándose excusas y demoras.

De acuerdo con los planteos incorporados a la causa, el patrón común sería el pago anticipado de piscinas que no fueron entregadas ni instaladas. En paralelo, en el ámbito civil se dictaron medidas cautelares de impacto económico. En una causa promovida por la abogada Sequeira, quien representa a la agente penitenciaria Débora Cortez, domiciliada en el barrio San Germés, se dispuso un embargo por un monto cercano a los $9 millones. La mujer habría abonado en 2023 más de $500.000 por una piscina que nunca fue colocada. El pasado 23 de febrero, por orden del juez Civil y Comercial Maximiliano Pernigotti, titular del Colegio de Jueces Nº 1, una oficial de Justicia se constituyó en la empresa Nor-Plast, ubicada en la intersección de ruta 5 y ruta 34, donde se procedió a trabar embargo y retirar tres piscinas. La medida tuvo como finalidad garantizar la suma de $6.998.000, más otros $1.749.560 fijados en concepto adicional.

La investigación continúa en ambas sedes judiciales, mientras se analizan nuevas presentaciones de presuntos damnificados.