Santiago del Estero posee documentos claves en la discusión por la soberania argentina sobre las Islas Malvinas

El Archivo Histórico de Santiago del Estero conserva dos documentos oficiales fechados el 15 y el 22 de enero de 1833, vinculados con la ocupación británica de las Islas Malvinas. Los documentos fueron emitidos por quien entonces se desempeñaba como ministro de Gracia y Justicia, encargado del Departamento de Relaciones Exteriores de la República Argentina, y constituyen fuentes primarias contemporáneas a los acontecimientos. Los escritos permiten reconstruir la reacción diplomática del Gobierno argentino frente a la ocupación y aportan nuevos elementos para preservar y difundir la memoria histórica vinculada con la cuestión Malvinas.
Según consta en las actas, la corbeta británica Clio fondeó el 2 de enero de 1833, a las 9 de la mañana, en el denominado entonces “Puerto de San Luis de la Soledad”. El objetivo de la llegada, de acuerdo con la documentación, era tomar posesión de las islas en nombre de la Corona británica. El comandante de la embarcación, John Onslow, comunicó que tenía órdenes de enarbolar el pabellón británico en un plazo de 24 horas, en el lugar donde hasta entonces flameaba la bandera de la República Argentina. La acción se concretó pese a las protestas formuladas por el comandante de la goleta de guerra Sarandí, según queda registrado en los documentos.
Los documentos conservados en Santiago adquieren especial relevancia porque registran de manera contemporánea la respuesta argentina ante aquellos acontecimientos. En ellos, el Gobierno argentino reclama ante el representante británico, solicita explicaciones y deja asentada su posición frente a la ocupación de las islas.
A partir de su valor histórico y documental, los documentos fueron declarados de interés público provincial mediante el decreto 2026-2130-E-GDESDE-GSDE. La decisión fue comunicada por el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, quien también informó que se remitieron copias al canciller Pablo Quirno y que serán entregadas a autoridades del Congreso de la Nación y a legisladores nacionales.
“Por su excepcional valor histórico y documental, los declaramos de interés público provincial”, señaló el mandatario santiagueño al referirse a la documentación.

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