El Gobierno de la Provincia oficializó el decreto de racionalización y control del gasto público.

La medida busca blindar las arcas provinciales ante un escenario de caída de coparticipación y crisis macroeconómica nacional.

La provincia17/12/2025Clodomira.arClodomira.ar
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El Gobierno de la Provincia oficializó  el decreto de racionalización y control del gasto público. El gobernador Elías Suárez firmó el decreto que impone un fuerte control del gasto y redefine las prioridades de su gestión para el 2026.
La medida busca blindar las arcas provinciales ante un escenario de caída de coparticipación y crisis macroeconómica nacional.

El gobernador de la provincia se habia reunido antes con los gobernadores del PJ y advirtieron sobre el creciente desfinanciamiento de las provincias, en un documento conjunto en el que cuestionaron las políticas del Gobierno nacional y anticiparon una agenda parlamentaria común.

El decreto establece pautas obligatorias de austeridad que alcanzan a la administración central, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado. Los puntos centrales confirmados son:

Recursos Humanos: Prohibición de nuevas contrataciones, cualquiera sea su modalidad (incluyendo fondos nacionales o internacionales). No se cubrirán vacantes y queda suspendido el otorgamiento de nuevas horas extras, bonificaciones o incentivos.

Transporte y Maquinaria: Prohibición total de alquiler de vehículos y maquinaria. Se establece un control estricto y monitoreo del destino de los vehículos oficiales para garantizar su uso puramente público.

Viáticos y Virtualidad: Se centraliza la autorización de viáticos en los ministros y secretarios, con la orden directa de priorizar encuentros virtuales para reducir costos de traslado.

Obra Pública: Solo se garantizan obras esenciales vinculadas a Salud, Educación, Agua y Seguridad. El resto de las obras sin contrato firmado o adjudicación quedan bajo evaluación estricta del Ejecutivo.

Gastos Operativos: Recortes en promoción, propaganda, publicidad oficial y un control riguroso sobre subsidios y transferencias discrecionales.

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