¿Por qué Cristina no iría presa y podría ser candidata el próximo año a pesar de la condena?

Justicia para los políticos es Abierta así se explica de manera simple lo que nunca entendemos de las leyes y el Poder Judicial. Si bien la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena para Cristina en el caso de obra pública en Santa Cruz, la ex presidenta no irá a prisión y el año que viene podrá ser candidata en las elecciones legislativas si así lo decide, porque el fallo no está firme y puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que podría llevar muchos años.

El antecedente mas cercano es el del ex presidente Carlos Menem que tambien fue condenado, no fue preso y murió siendo senador. Murió condenado por la causa trafico de armas y murió sin tener una condena firme. La causa del contrabando de armas a Croacia y a Ecuador comenzó en 1995, dejaron pasar 23 años y la Cámara de Casación consideró que no podía dejar firme la condena porque no se dio en un plazo razonable, parece una broma pero fue así.

En el juicio oral los tribunales deciden si condenan o si absuelven a los acusados. Para condenar tiene que haber certeza. Si hay dudas, se debe absolver por el famoso “in dubio pro reo” (ahora se dice “in dubio pro imputado”), que es una derivación lógica del principio de inocencia. Después de la condena empieza la etapa de los recursos (las apelaciones) hasta que ésta queda firme. El primer recurso que tiene el condenado es ir a la Cámara de Casación, que aplica el denominado “doble conforme” y revisa de manera amplia la condena. La idea es evitar errores judiciales que generen condenas a inocentes.

Si Casación confirma la sentencia del Tribunal Oral, el condenado va a intentar llegar a la Corte Suprema. Para eso tiene dos recursos, con el primero se pregunta ¿ puedo ir a la Corte Suprema? Si Casación le rechaza ese primer recurso, usa el segundo: va a preguntárselo directamente a la Corte por un recurso que se llama “queja”. En el año 2007, la Corte Suprema estableció que la condena queda firme cuando ella rechaza el recurso de queja. Esto, que podría llevar meses, en las causas vinculadas al poder puede llevar décadas.

Veamos qué pasó en la causa armas. El hecho es de 1991. El caso comenzó en 1995. En 2001 Menem fue procesado y estuvo brevemente preso por asociación ilícita, pero lo salvó rápidamente la mayoría automática de la llamada “Corte menemista”.El caso pasó al fuero penal económico. En 2007 fue procesado. Al año siguiente comenzó el juicio, que tardó tres años. En 2011 absolvieron a todos y el Fiscal y la AFIP apelaron. Llevaron el caso a la Cámara de Casación, que en 2013 lo condenó y envió el caso de vuelta al Tribunal para que fijara las penas, que en el caso del ex Presidente fue de más de 7 años de prisión.

En 2013, entonces, Menem presentó un recurso extraordinario federal ante Casación contra esa condena. ¿Saben cuánto tiempo se tomó Casación para finalmente concedérselo? ¡Cuatro años! En 2017 se concedió el recurso y el caso llegó a la Corte, que en apenas un mes dijo que faltaba el doble conforme y que había que revisar la condena porque la había dictado la propia Casación, no un Tribunal Oral. Así fue que el caso volvió a Casación y la misma sala que lo había condenado, pero con una integración distinta, se puso a revisar la condena. Finalmente, en 2018, es decir, 23 años después de iniciada la causa, Menem y todos los demás fueron absueltos por violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

No hubo ninguna consecuencia disciplinaria para ningún funcionario judicial. La causa todavía hoy está a estudio de la Corte Suprema por el recurso que presentó el fiscal de Casación contra la condena. Para Menem terminó, claro, porque falleció. Este año se cumplen 30 años desde que se dio a conocer la causa armas.

Los abogados hablan raro, los jueces escriben en latín y las leyes que debemos obedecer son incomprensibles. Los procesos judiciales son laberintos los abogados monopolizan el acceso a la justicia, no se puede hacer casi nada en tribunales sin pagar a un abogado. Y lo que es mas llamativo es las institución pública con menor credibilidad, el 80% de la ciudadanía tiene poca o ninguna confianza en el Poder Judicial.